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Candidato al Congreso por su partido en las elecciones constituyentes de 1977 y las generales de 1979 y 1982 salió elegido por su provincia, Ciudad Real, en las tres ocasiones. En las Cortes Constituyentes fue, con 27 años, el diputado más joven. Con fama de vehemente y riguroso, protagonizó en las dos primeras legislaturas importantes discusiones parlamentarias. En 1978 se opuso fuertemente al tratado de pesca entre España y Marruecos. En la I Legislatura mantuvo una polémica con el entonces ministro de Asuntos Exteriores de la UCD (Unión de Centro Democrático), José Pedro Pérez-Llorca, sobre la posición de España respecto a la guerra de las Malvinas (1982).
Tras el triunfo del PSOE en las legislativas de 1982, fue nombrado secretario de Estado para las Relaciones con la Comunidad Europea el 7 de diciembre del mismo año. Desde ese puesto trabajó para la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) y llevó las negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. Manuel Marín fue nombrado comisario de España ante la CEE en 1985, por lo que dejó la Secretaría de Estado en octubre del mismo año; fue sustituido por Pedro Solbes. A partir del 1 de enero de 1986 ejerció las funciones de vicepresidente de la Comisión Europea y comisario encargado de Asuntos Sociales y Educación y Empleo, cargo desde el que creó e impulsó el Programa "Erasmus", programa comunitario de intercambio y apoyo de estudiantes.
En noviembre de 1988 fue de nuevo designado por el Gobierno español como comisario. El 6 de enero de 1989 Manuel Marín fue nombrado comisario de Pesca y de Política de Cooperación para el Desarrollo, con un mandato de cuatro años, en la nueva Comisión presidida por Jacques Delors. El 15 de diciembre de 1989 firmó en nombre de la Comunidad Europea el IV Convenio de Lomé (capital de Togo), un acuerdo de cooperación entre la CE y los países ACP (Asia, Caribe y Pacífico), que integra a un total de 69 estados. A partir de la firma de este tratado, el Consejo de Ministros de la Comunidad aprobó en noviembre de 1991 una resolución sobre Derechos del Hombre, Democracia y Desarrollo, por la que se aplicó la doctrina de la condicionalidad política respecto a los derechos humanos; es decir, el país que no respetase los derechos humanos podría quedarse sin la ayuda económica de la CE.
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