El futuro de la gig economy se transforma tras las continuadas decisiones judiciales contra el modelo de negocio de compañías como Uber o Deliveroo. ¿Se acerca la regulación? Muchos lo ven así, pero otros dicen que es ponerle puertas al campo y matar el crecimiento.

Claves:

  • A medida que la recuperación económica se consolida, la atención política y mediática se ha puesto en la calidad de los empleos generados. Aquí, las empresas de la economía colaborativa están perdiendo la batalla de la imagen y, quizá, la económica si no se toma en serio el asunto.
  • Los años de recortes han generado una conciencia fiscal menos permisiva con las compañías de la economía digital por los pocos impuestos que pagan gracias a la facilidad con la que realizan operaciones contables para pagar allí donde les es más favorable. La regulación fiscal también les afectará.
  • En un entorno social en el que la reputación es un intangible esencial en la cuenta de resultados, cabe preguntarse si la gig economy tiene los días contados en su formulación actual.

 

Las comparecencias del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ante las cámaras de Estados Unidos y ante el Europarlamento pusieron de manifiesto algo importante: hay un cambio de percepción en la opinión pública –de la que la clase política se hace eco– respecto a las empresas nacidas de la revolución digital. En el caso de la red social se trataba del escándalo que produjo la fuga masiva de datos, espuriamente utilizados por una compañía de asesoramiento político. Las esperanzas de una economía más horizontal y democrática se han desvanecido. Y a ello han contribuido también las compañías de la gig economy o colaborativas, como Uber, Deliveroo o Glovo, que antes se las veía como empresas que ofrecían trabajos flexibles y adaptados a necesidades de estudiantes y trabajadores con necesidad de más ingresos.

Dos decisiones recientes contra compañías de la gig economy muestran bien este cambio de percepción y el momento regulador que llega con fuerza. Por un lado, la compañía de vehículos con conductor Uber perdió la licencia con la que operaba en Londres. El regulador de la capital achacaba a la empresa “falta de responsabilidad” por la opacidad de su funcionamiento y la falta de cobertura médica de muchos de sus 40.000 conductores. También ha perdido recientemente la licencia en Brighton. Por otro, la Inspección de Trabajo de Valencia (España), condenó a la empresa de transporte Deliveroo a pagar 160 mil euros de cotizaciones de sus llamados “riders” o repartidores, a los que la empresa no considera empleados y la Inspección sí.  

Precarización laboral y agujero fiscal en la gig economy

La precarización laboral ha crecido en los sectores donde la gig economy opera, y era cuestión de tiempo que los trabajadores se organizaran. Bien en sindicatos formales o bien en asociaciones específicas, como las que han creado los “riders” para defender la naturaleza laboral y no mercantil de su profesión y comenzaran las demandas labores. Uber se ha visto obligada a ofrecer a sus conductores un seguro con baja por enfermedad y permiso de maternidad pagado. Esto es: los trabajadores exigen las condiciones habituales de trabajo previas a la revolución digital, y las autoridades asumen esas demandas.

Hay, además, otro agravante para estas compañías, y que se refiere a un aporte fiscal muy por debajo de sus ingresos. Este hecho, en un momento especialmente sensible con recortes en los Estados de bienestar, ha puesto a estas compañías en el punto de mira de las autoridades políticas. Los ciudadanos, más concienciados tras años de crisis, tampoco toleran con tanta facilidad estos hechos, lo que ha generado una crisis reputacional a estas compañías, antes socialmente atractivas. Las huelgas de empresas como Deliveroo han llegado a Bélgica o Hong Kong, entre otros países.

Otras empresas como Airbnb suman a estos problemas el efecto pernicioso que está provocando en el mercado del alquiler en todo el mundo, así como el deterioro de los barrios céntricos, donde la tasa entre residentes y turistas es de uno a dos en algunos lugares emblemáticos. Tras unos primeros años de experimentación optimista, y tras la crisis, ha llegado el desencanto con estas plataformas, lo que ha llevado a las autoridades a proponer regularlas.

La flexibilidad como pilar del negocio

La pregunta clave que delimita las dos posiciones ante esta tendencia es: ¿es la flexibilidad laboral deseable y necesaria? Lo que hemos visto en los últimos años en sucesivas reformas laborales por todo el continente es que así lo creen los legisladores. Menos cotizaciones, menos salario, menos cobertura, contratos menos estables. Con idea de rebajar los costes laborales y hacer más competitivas a nuestras empresas. Se puede decir que la gig economy forma parte de esta tendencia y la lleva al máximo.

Para algunos, este es el precio que debemos pagar en un mundo hipercompetitivo y globalizado, donde el viejo esquema reglamentista no puede volver porque el ecosistema económico es otro. Es la postura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es contraria a retirar o recortar las licencias a estas empresas porque “benefician a los consumidores” y estimulan la competencia. En el otro extremo se sitúa una posición que va ganando popularidad y que exige que estas empresas se sometan a la regulación prescrita para otras prestadoras de servicios como las de taxis o los hoteles. La precarización está alcanzando niveles alarmantes, los salarios no dan para vivir y la protesta ciudadana y política ha encontrado en estas empresas un rival prioritario.

Parece claro que ha llegado el momento de regular laboral y fiscalmente a estas compañías, pero también de hacerlo sin que las nuevas normas rebajen hasta hacerlas inviables sus ventajas competitivas. El justo medio se impone con un gradualismo que pretende dar más tiempo a los sectores para adaptarse a las nuevas dinámicas. Es el caso del sector del taxi, cuyas protestas han conseguido que el Gobierno restrinja las licencias de VTC con las que opera Uber o Cabify. Las condiciones laborales mejorarán con nuevos incentivos en forma de seguros médicos o de paternidad, pero no parece que esté en el ánimo de los legisladores (ni tampoco de los ciudadanos, que se benefician como consumidores) volver radicalmente al esquema previo. Hay quienes ven en esta regulación la desnaturalización del negocio, pero otros ven socialmente insostenible la dinámica. Un justo medio empieza a imponerse en la gig economy.