Frente a los desafíos sociales que impone la globalización económica, la robotización de la industria y los avances tecnológicos, durante los últimos años el ingreso o renta básica universal ha adquirido preeminencia en la agenda pública como una política factible de ser implementada en el mediano plazo. Sus defensores (y también sus detractores) se distribuyen a lo ancho de todo el espectro ideológico, desde la izquierda socialdemócrata hasta la derecha neoliberal, lo que parecería indicar la existencia de cierto consenso político en relación a esta propuesta. Sin embargo, existen profundas controversias, fundamentalmente en lo que respecta a su diseño concreto, en la forma en que debería ser implementada y sus posibles impactos sobre los niveles de empleo y bienestar.

Claves

  • La renta básica universal se refiere a la garantía de dotación monetaria o ingreso pagado por el Estado a cada individuo en el marco de sus derechos ciudadanos.
  • En sus formulaciones más benefactoras, es concebida como un ingreso incondicional (independiente del género, situación laboral, estructura familiar, contribución a la sociedad o costos de la vivienda de los beneficiarios), automático (se pagaría semanal o mensualmente, sin mediación administrativa) y no revocable (independientemente de que el ingreso final del beneficiario aumenta o no a lo largo del tiempo).
  • Existen argumentos morales, sociológicos y políticos que defienden su implementación. Mientras, sus detractores manifiestan preocupaciones en relación a sus costos, a posibles problemas morales y culturales y los posibles incentivos negativos para la búsqueda de empleo.

¿Por qué defenderla?

De acuerdo con John Kay del St John’s College de Oxford, Reino Unido, existen tres grandes argumentos que se dirimen para justificar la implementación de una renta básica universal:

  1. Argumento moral/deontológico: deduce el derecho de los ciudadanos a tales ingresos de un principio moral a priori, tal como lo defendía Thomas Paine (1737-1809), Bertrand Russell o, más recientemente, Philippe Van Parijs.
  2. Argumento sociológico: basado en la preocupación de que la tecnología ha cambiado y seguirá cambiando el mercado laboral, eliminando gradualmente los trabajos poco cualificados y privando a un sector de la población de la posibilidad de acceder a un empleo digno.
  3. Argumento pragmático de eficiencia política: destaca que los sistemas de bienestar social actuales se han vuelto extremadamente complejos y, en este sentido, un ingreso básico permitiría alcanzar los objetivos sociales de manera más efectiva y con costos administrativos mucho más reducidos.

El primer punto es de naturaleza estrictamente filosófica, pero los otros dos argumentos se refieren a realidades concretas actuales. En relación a los cambios tecnológicos, Derek Thompson argumenta en su artículo publicado en The Atlantic que “la tecnología podría ejercer una lenta pero continua presión a la baja sobre el valor y la disponibilidad del trabajo (…) Eventual y gradualmente, esto podría crear una nueva normalidad, donde la expectativa de que el trabajo sea una característica central de la vida adulta se disipe para una parte significativa de la sociedad”.

Para el caso concreto de los Estados Unidos, el autor sostiene que esto no sería una posibilidad en el corto plazo (ni siquiera para los próximos 50 años), pero es una tendencia que muchos economistas anticipan y temen. En este sentido, Martin Sandbu del Financial Times afirma que “es difícil encontrar sectores en los que los robots o la tecnología no puedan ocupar los puestos de trabajo de los seres humanos”.

En lo que respecta al argumento más pragmático de eficiencia política, la simplicidad de ofrecer un monto definido de dinero a todos los ciudadanos de un país de manera automática permitiría eliminar programas existentes que también buscan garantizar beneficios sociales a los individuos pero cuya formulación hace que sean muy costosos en términos administrativos. En este sentido, Malcom Torry, Director del Citizen’s Income Trust y Profesor Visitante Senior del Departamento de Política Social de la London School of Economics, está absolutamente convencido de que la implementación de la renta básica universal resultaría en ahorros administrativos significativos.

Jenny Darmody piensa lo mismo en su artículo del Silicon Republic, donde además sostiene que prescindir de las condicionalidades no sólo redundaría en simplificaciones administrativas, sino que también eliminaría el estigma de aquellos que tienen que demostrar que están buscando trabajo para obtener beneficios sociales, neutralizando el incentivo para quedarse desempleado y arriesgar sus pagos de bienestar social.

 

Experiencias actuales y apoyos a la renta básica

  • Suiza sometió a referéndum nacional en 2016 una propuesta para introducir una renta básica, aunque la moción fue derrotada en las urnas.
  • Finlandia ha iniciado recientemente un experimento de renta básica con 2.000 hogares para estudiar los posibles impactos de esta medida.
  • Bernie Sanders, rival de Hillary Clinton para la nominación demócrata en 2016, y el británico John McDermott, Shadow Chancellor de Jeremy Corbyn, han expresado entusiasmo por el concepto de renta básica incondicional.
  • Benoit Hamon, candidato presidencial del Partido Socialista francés, hizo de esta medida una propuesta central de su plataforma, más allá de haber sufrido una rotunda derrota.
  • El Partido Nacional Escocés, que recientemente anunció planes para un segundo referéndum de independencia, también está fuertemente a favor de esta política.

 

¿Por qué dudar de su factibilidad?

Los objetores de la renta básica comienzan preguntándose por una cuestión central a la propuesta: ¿Cuánto dinero debería entregarse realmente a cada ciudadano? Encontrar una respuesta certera resulta problemático porque es, en última instancia, un juego de suma cero entre, por un lado, lograr un impacto efectivo y, por el otro, poder financiarla.

Kemal Dervis, en su artículo publicado por Project Syndicate lo explica de manera muy simple: “En Estados Unidos y Europa, una renta básica de, digamos, 2.000 dólares por año no haría mucho, excepto tal vez aliviar la pobreza más extrema, incluso si se agrega a los programas de bienestar social existentes. Una de 10.000 dólares haría una diferencia real, pero ello podría costar tanto como 10% o 15% del PIB, un desembolso fiscal enorme, particularmente si se suma a los programas sociales existentes”.

En segundo lugar, para otros, responder a las transformaciones económicas actuales por medio de una garantía de renta es una propuesta política muy limitada e individualista, ya que ningún ciudadano aislado puede lidiar con un cambio tecnológico importante en la estructura de la economía. En este sentido, Diane Coyle del Financial Times afirma que lo que estamos presenciando en la actualidad es un “desgarro del tejido social e industrial de toda una economía y sociedad a nivel local o regional. Dar dinero a la gente es un parche temporal.” Para ella, la respuesta debe ser crear más empleos.

Finalmente, varias personas consideran que la renta básica podría funcionar como un veneno seductor, ya que beneficiaría sobre todo a los márgenes más excluidos de la sociedad a expensas de la clase media. Como claramente plantea Anke Hassel, profesora de Políticas Públicas de la Hertie School of Governance, en Social Europe “para los pobres y los desempleados de larga duración, el ingreso básico elimina la presión para encontrar trabajo, mientras que lo más probable sea que no le costará a los ricos más que antes, y ayude a aliviar su conciencia social”. En última instancia, la renta básica, al proporcionarle un ingreso asegurado a los más pobres, ocultaría el flagelo de las desigualdades sociales extremas.

Conclusión

El tema de la renta básica ciudadana adquiere cada vez más revuelo político y son numerosos tanto sus detractores como sus defensores, esgrimiéndose argumentos razonables desde ambos bandos. En última instancia, la decisión final por implementarla o no será, como siempre, una decisión política.

Sin embargo, resulta evidente que las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales actuales demandan un debate serio por parte de la clase política y de la sociedad que busque salidas factibles a las potenciales crisis futuras. ¿Puede ser la renta ciudadana una de las respuestas?